Ley de insolvencia y suspensión de pagos

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Ley de insolvencia y suspensión de pagos

¿Has escuchado hablar de la protección financiera que establece la ley de insolvencia? Nuestros abogados especialistas te lo pueden explicar. Somos un estudio jurídico experto en defensa deudores.12 años de experiencia y resultados exitosos avalan nuestro trabajo.

Ante las dificultades que significa sostener una empresa, tanto en términos económicos, sociales o legales, la ley se ha encargado de entregar algunas herramientas o soluciones para que estas puedan superar sus complicaciones y seguir adelante. Uno de esos remedios que nos entrega la ley de insolvencia para el caso de empresa que, por diversas razones se encuentran en un situación de insolvencia, es el procedimiento de reorganización. En particular, este procedimiento judicial puede ser llevado a cabo por empresas deudoras que busquen la reestructuración de sus activos y pasivos, pensando en alcanzar acuerdos con sus acreedores.

Cuando la empresa deudora se somete al procedimiento de reorganización señalado en la nueva ley de insolvencia, Nº 20.720, sobre reorganización y liquidación de empresas y personas deudoras, goza de una protección financiera concursal durante su realización. Este “escudo”, no existía en la antigua ley de quiebras, Nº 18.175 y era una de las razones principales por la cual no se lograban convenios.

Hoy en día, para comenzar con este procedimiento, las empresas deudoras deberán presentar la solicitud a través del sitio web de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, accediendo en la sección de “servicios en línea” de la misma con la clave única de la empresa deudora y cumpliendo con los demás requisitos exigidos por la ley de insolvencia, Nº 20.720.

Para el caso de la suspensión de pagos debemos hablar acerca de la protección financiera concursal, como uno de los efectos principales y más importantes para las empresas deudoras al someterse a este procedimiento de reorganización que establece la misma ley. Esta protección financiera significa que no se puede solicitar o declarar la liquidación, iniciar juicios en contra de los deudores, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento, tal como lo establece el artículo 57 de la ley de quiebras.

Este período de protección financiera se extiende, en principio, por 30 días, los cuales son prorrogables por otros 30 y estos últimos por 30 más, haciendo en total 90 días, desde que se realiza la notificación de la resolución de reorganización. El artículo 58 de la misma norma, establece la prórroga de este plazo de protección financiera concursal, que puede implicar la suspensión de pagos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos señalados.

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