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Ley de quiebras

El antiguo régimen de quiebras fue reemplazado a comienzos del año 2014 por la nueva ley de quiebras 20.720 que establece un régimen de reorganización y liquidación de empresas y personas y que además, perfecciona el rol de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento mediante la publicación de esta nueva norma en el Diario Oficial. Su ámbito de aplicación está señalado en su artículo primero, cuyos procedimientos están destinados a reorganizar, renegociar y liquidar los bienes de las empresas y personas, tal como se señaló anteriormente. Esta nueva ley de quiebras, a lo largo de su articulado, establece que las personas naturales y jurídicas pueden acogerse a estos nuevos procedimientos, que tienen sus requisitos expresamente señalados en los artículos 260 y 273 de la ley 20.720, con la finalidad de solucionar sus problemas financieros, y poder reinsertarse económicamente en sus negocios habituales. La nueva legislación sobre quiebras se encarga de definir y especificar los derechos y facultades que poseen los distintos partícipes del procedimiento. Un órgano relevante en el desarrollo de este nuevo procedimiento, es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), que posee distintas funciones señaladas en el artículo 332 de la ley 20.720, que pueden llegar a influir de forma decisiva en las situaciones que se encuentren las personas o empresas que se hayan acogido al régimen de la ley de quiebras. La ley 20.720 señala que este procedimiento concursal o de quiebras puede iniciarse mediante dos vías distintas y que son inicios forzosos o voluntarios de empresas o personas deudoras.

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