Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Superintendencia de Insolvencia
Mayo 13, 2021
Deudas
Mayo 13, 2021

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

Un problema frecuente de las personas es tener demasiadas deudas y no tener la capacidad económica suficiente para hacerles frente y por tanto, no poder cumplir con sus obligaciones. Una solución para los deudores que están en esta situación, es someterse al procedimiento de renegociación de sus deudas, que según lo expresamente señalado en el artículo 261, se realiza ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Este procedimiento, es de carácter administrativo y para acogerse, se deben cumplir ciertos requisitos señalados en el artículo 260 de la ley 20.720, tales como tener dos o más deudas vencidas por más de noventa días corridos, que sumadas superen la cantidad de 80 UF y que no deben haber sido notificados anteriormente de una demanda correspondiente a un juicio ejecutivo o a un procedimiento de liquidación forzosa, entre otros. Este trámite puede iniciarse en línea o de forma presencial. Además, la ley de quiebras establece procedimientos destinados a las empresas en sus problemas financieros. Un ejemplo de esto es el procedimiento concursal de reorganización concursal, que consta de distintas etapas. Según el artículo 54 de la ley aludida, la solicitud de reorganización debe ser presentada ante el tribunal competente. Tras su presentación, debe nombrarse al veedor que participará en el procedimiento y, como lo señala el artículo 55, el deudor debe acompañar los antecedentes necesarios ante la Superir para que se realice su nombramiento. Efectuado este nombramiento, la Superir debe enviar el certificado al tribunal en que se solicitó el inicio del procedimiento de reorganización, el cual procederá a dictar la resolución de reorganización y la publicará en el boletín concursal. Según el artículo 57 de la ley 20.720, uno de los efectos de la dictación de esta resolución es la protección financiera de la cual goza el deudor por un período de 30 días, en los cuales no puede ser objeto del inicio de ningún juicio cualquiera sea su naturaleza. El plazo de la protección financiera puede ser prorrogado siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 de la misma ley. Una vez presentado la solicitud por parte de la empresa deudora, se pueden constituir garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, tal como lo señala el artículo 65 de la ley de quiebras.

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