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Ley de quiebra

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El antiguo régimen de quiebras fue reemplazado a comienzos del año 2014 por la nueva ley de quiebra 20.720 que establece un régimen de reorganización y liquidación de empresas y personas y que, además, perfecciona el rol de SUPERIR, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento mediante la publicación de esta nueva norma en el Diario Oficial. Su ámbito de aplicación está señalado en su artículo primero, cuyos procedimientos están destinados a reorganizar, renegociar y liquidar los bienes de las empresas y personas, tal como se señaló anteriormente.

Esta nueva ley de quiebra, a lo largo de su articulado, establece que las personas naturales y jurídicas pueden acogerse a estos nuevos procedimientos, que tienen sus requisitos expresamente señalados en los artículos 260 y 273 de la ley 20.720, con la finalidad de solucionar sus problemas financieros y poder reinsertarse económicamente en sus negocios habituales. La nueva ley de quiebra se encarga de definir y especificar los derechos y facultades que poseen los distintos partícipes del procedimiento. Para el caso de las personas deudoras, los procedimientos que la ley Nº 20.720 les entrega corresponden, en primer lugar, a aquel de renegociación y de liquidación de bienes, en segundo lugar. Por su parte, para el caso de la empresa deudora, la nueva ley de quiebra pone a su disposiciones los procedimientos de reorganización y liquidación. Para optar a uno u otro procedimiento, ya sea, una persona o empresa deudora, la opción dependerá del caso particular y del nivel de endeudamiento al cual se enfrente.

Un órgano relevante en el desarrollo de este nuevo procedimiento es la SUPERIR, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que posee distintas funciones señaladas en el artículo 332 de la ley 20.720, que pueden llegar a influir de forma decisiva en las situaciones que se encuentren las personas o empresas que se hayan acogido al régimen de la ley de quiebra. La ley 20.720 señala que este procedimiento concursal o de quiebras puede iniciarse mediante dos vías distintas y que son inicios forzosos o voluntarios de empresas o personas deudoras.

Es un procedimiento administrativo que tiene por finalidad la renegociación de las deudas de la persona deudora o la liquidación de sus bienes para pagar las deudas o parte de ellas.
Este procedimiento es facilitado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, quien actúa como facilitadora de acuerdos entre el deudor o deudora y sus acreedores.

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