Hablemos de la Ley 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Esta norma establece un marco legal detallado en Chile para el manejo de las insolvencias. La legislación de quiebra personal permite a los deudores acceder a procedimientos formales para reorganizar sus deudas. Sin embargo, también ofrece opciones para liquidar las bienes de manera controlada y legal.
Dentro de esta ley, se definen dos tipos principales de procedimientos: voluntarios y forzosos. A continuación se detallan sus principales claves.
Quiebra personal de caracter voluntaria
En este caso, es el propio deudor quien inicia el proceso de liquidación o reorganización ante los tribunales, como se menciona en el artículo 273. Para ello, el deudor debe presentar un inventario completo de sus bienes, excluyendo aquellos que la ley considera inembargables. Estos pueden ser, por ejemplo, ciertos tipos de sueldos, pensiones y objetos personales esenciales.
¿Qué pasa con las operaciones forzosas?
Por otro lado, los procedimientos forzosos son iniciados por los acreedores del deudor. Según el artículo 282, los acreedores pueden solicitar la liquidación forzosa de los bienes del deudor si cumplen con ciertos requisitos específicos. El artículo 283 complementa esto especificando la documentación que los acreedores deben adjuntar a su demanda. Por supuesto, en esta deben incluirse las pruebas de la deuda y otros documentos legales necesarios.
Además, la ley promueve la transparencia y el justo tratamiento de los acreedores y deudores. Se establecen normas claras sobre la prioridad de créditos, el manejo de los activos del deudor y las responsabilidades del síndico. Este último es el profesional designado para administrar el proceso de reorganización o liquidación.
Esta legislación es crucial porque proporciona un mecanismo para que las personas y empresas puedan enfrentar sus problemas financieros sin recurrir a soluciones ilegales o informales que podrían complicar su situación.
La Ley de quiebra personal 20.720 busca equilibrar los intereses de todas las partes involucradas, protegiendo los derechos de los deudores para comenzar de nuevo, al tiempo que asegura que los acreedores puedan recuperar lo que se les debe en la medida de lo posible.