La demanda ejecutiva es una de las vías legales más utilizadas en Chile para exigir el pago de una deuda. Se trata de un procedimiento rápido y con plazos más breves que otros juicios, porque la ley presume que existe una obligación clara.
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El punto central es la existencia de un documento que tenga el carácter de título ejecutivo. Ese papel da la seguridad de que la deuda es real, exigible y determinada.
Marco legal de la demanda ejecutiva
El fundamento legal de este proceso está en el Código de Procedimiento Civil, que en sus artículos 434 y siguientes regula cuándo y cómo puede iniciarse. Lo atractivo para el acreedor es que el tribunal no analiza de nuevo si la deuda existe, sino que parte de la base de que ya está probada.
El foco está en lograr el pago mediante la intervención judicial.
Existen varios documentos que sirven como título ejecutivo.
- Los pagarés, cheques y letras de cambio, siempre que cumplan los requisitos de ley.
- También las escrituras públicas donde alguien reconoció una obligación, o las sentencias firmes dictadas por un tribunal.
Todos estos instrumentos son suficientes para dar inicio a la ejecución.
La operación
El proceso comienza con la presentación de la demanda por parte del acreedor. Luego, el tribunal ordena notificar al deudor. En ese momento, este puede pagar o bien oponerse bajo causales muy limitadas, como prescripción o pago ya realizado.
Si no lo hace, el juez puede ordenar el embargo de bienes. Esa medida asegura que existan recursos disponibles para cubrir la deuda.
Finalmente, los bienes embargados pueden ser vendidos en subasta pública. Con ese dinero se paga la deuda, los intereses y las costas del proceso. La demanda ejecutiva, en definitiva, es un mecanismo eficaz para los acreedores, pero también un riesgo importante para los deudores que no cumplen sus compromisos.
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