La llamada ley de quiebra personal, contenida en la Ley 20.720, marcó un antes y un después en la forma en que Chile aborda los problemas de insolvencia.
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¿Para qué sirve la quiebra?
Esta normativa, oficialmente denominada Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, establece un camino legal y regulado para quienes no pueden cumplir con sus obligaciones financieras.
Su objetivo principal es ordenar situaciones de sobreendeudamiento. Para ello, ofrece procedimientos que permiten reorganizar las deudas o, cuando no existe viabilidad, liquidar los bienes del deudor de manera transparente y bajo supervisión judicial. Todo, dentro de un marco que busca evitar abusos y proteger derechos.
La ley distingue entre procedimientos voluntarios y forzosos
En la quiebra personal voluntaria, es el propio deudor quien solicita acogerse al proceso.
Debe presentar ante el tribunal un inventario detallado de sus bienes, excluyendo aquellos que la legislación declara inembargables, como ciertos ingresos, pensiones y objetos indispensables para la vida diaria. Este paso es clave, ya que permite evaluar la real situación patrimonial de la persona.
En contraste, la quiebra forzosa es iniciada por los acreedores.
Estos pueden solicitar la liquidación cuando se cumplen los requisitos legales, debiendo acompañar antecedentes claros que acrediten la existencia de la deuda y su exigibilidad. El tribunal revisa estos antecedentes antes de dar curso al procedimiento.
Un elemento central del proceso es la figura del liquidador. Es el profesional encargado de administrar los bienes y velar por el cumplimiento de las reglas. La ley también fija criterios de prioridad entre los créditos, promoviendo un trato equitativo entre las partes.
En definitiva, la Ley 20.720 no busca castigar al deudor. El objetivo es ofrecer una salida legal y ordenada a la insolvencia. Para muchas personas, representa la posibilidad real de cerrar un ciclo financiero complejo y comenzar de nuevo, con reglas claras y respaldo institucional.
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