En el sistema judicial chileno, el requerimiento de pago representa una de las primeras señales formales de que una deuda ha llegado a instancias legales. Este acto procesal ocurre dentro de un juicio ejecutivo, y consiste en que un receptor judicial —por orden del tribunal— notifica al deudor que debe pagar una suma específica de dinero.
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El requerimiento de pago no es simplemente una solicitud amable
¡Este lleva consigo consecuencias jurídicas inmediatas! Si el deudor no paga voluntariamente, el receptor está facultado para proceder al embargo de bienes suficientes que cubran el monto total de la deuda. Eso no es todo, pues no solo el capital está en juego. También, los intereses acumulados y las costas judiciales.
Además, en el mismo acto se nombra a un depositario provisional de los bienes embargados. En muchos casos, esta figura recae en el mismo deudor, quien adquiere así una responsabilidad civil y eventualmente penal sobre esos bienes:
- No puede venderlos, ocultarlos ni dañarlos.
- En caso de que lo haga, quedarían comprometidos como parte de la garantía del cobro.
Hay un punto crucial que muchos deudores desconocen. Desde el momento en que se les realiza el requerimiento de pago, comienza a correr el plazo fatal para presentar su defensa ante el tribunal. Esta defensa se materializa a través de las denominadas “excepciones a la ejecución”, que deben ser presentadas dentro de un plazo breve y estricto. Si no se actúa dentro de ese tiempo, se pierde la posibilidad de oponerse al proceso, y la deuda avanza hacia el remate de los bienes.
Es mucho más que una notificación
Representa un hito legal con efectos inmediatos que exige acción rápida y asesoría jurídica oportuna. Ignorarlo puede derivar en consecuencias patrimoniales serias.
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