En el sistema jurídico chileno, la figura de las tercerías es un recurso utilizado para proteger los derechos de terceros en un proceso judicial. Aunque puede ser útil en ciertos casos, también presenta problemas significativos.
La legislación vigente y la jurisprudencia chilena han establecido normas para su aplicación. Sin embargo, el uso de ellas puede complicar y retrasar los procesos judiciales, afectando tanto a deudores como a acreedores.
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¿Qué son las tercerías y cómo funcionan?
La tercería permite a un tercero intervenir en un juicio para defender sus derechos, que podrían verse comprometidos. En Chile, está regulada por el Código de Procedimiento Civil.
Existen varios tipos de tercerías: de posesión, de dominio y de prelación. Cada una se aplica en diferentes contextos, como la oposición a embargos o la protección de bienes.
Sus desventajas
Aunque es un derecho legítimo, la tercería puede causar complicaciones. Su uso puede prolongar los procesos judiciales, generando incertidumbre y costos adicionales para todas las partes involucradas.
Dilatación de los procesos judiciales
Uno de los principales problemas de las tercerías es que pueden dilatar los procesos judiciales. Cuando un tercero interpone una tercería, el procedimiento principal suele detenerse hasta que se resuelva la nueva acción. Esto puede llevar meses o incluso años. Los deudores, que ya enfrentan dificultades, ven cómo se alarga su incertidumbre. Por otro lado, los acreedores deben esperar indefinidamente para recuperar sus créditos.
Estas dilaciones pueden ser usadas estratégicamente por los deudores para evitar o postergar el cumplimiento de sus obligaciones. Esto afecta gravemente los derechos de los acreedores, quienes deben soportar largos períodos de espera.
Abuso de la figura legal
En algunos casos, los deudores insolventes utilizan a terceros, como familiares o conocidos, para presentar tercerías ficticias. Esto se hace con la intención de evitar embargos y entorpecer el proceso judicial. Estas maniobras no solo constituyen un fraude procesal, sino que también minan la eficacia del sistema judicial.
Aunque la jurisprudencia ha sancionado algunos casos de abuso, la detección y sanción de estos fraudes no siempre es fácil. Esto permite que el abuso de la tercería siga siendo un problema recurrente.
Impacto en los derechos de los acreedores
Cuando se alega un derecho sobre un bien embargado, el proceso de ejecución se detiene hasta resolver la disputa. Esto deja al acreedor en una situación de espera indefinida. Además, si la tercería es aceptada, el acreedor puede perder la posibilidad de ejecutar el embargo sobre el bien, quedando sin alternativas para recuperar su crédito.
Esta situación es especialmente grave cuando el bien embargado es la única garantía real del crédito. Los acreedores se ven entonces en una posición vulnerable, sin muchas opciones para proteger sus intereses.
Desafíos para la eficiencia del sistema judicial
El uso de las tercerías no solo afecta a las partes involucradas, sino que también plantea desafíos para la eficiencia del sistema judicial. Resolver una tercería requiere tiempo y recursos, lo que sobrecarga aún más los tribunales. En un sistema ya saturado, el aumento de las tercerías puede agravar la situación, retrasando la administración de justicia.
Además, la posibilidad de interponer tercerías sin un fundamento sólido puede llevar a un uso excesivo de este recurso. Esto no solo entorpece la eficiencia del sistema, sino que también genera desconfianza en la justicia.
¿Las tercerías requieren modificaciones?
A la luz de los problemas que presenta la figura de la tercería en Chile, es evidente que se necesitan reformas y controles más estrictos. Aunque la tercería es un recurso legal legítimo, su abuso y las consecuencias negativas para los procesos judiciales y los derechos de los acreedores no pueden ser ignorados.
La legislación debe evolucionar para establecer mecanismos más claros que eviten el uso indebido de las tercerías. A su vez, el sistema judicial necesita herramientas eficaces para identificar y sancionar los abusos. Solo así se podrá garantizar que este recurso legal cumpla su propósito sin convertirse en un obstáculo para la justicia y la eficiencia del sistema judicial chileno.