Los embargos bancarios son una de las medidas judiciales que más inquietud genera entre las personas que enfrentan una deuda impaga. No solo porque afecta directamente el dinero disponible, sino porque suele aparecer de forma inesperada.
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En términos simples, consiste en la retención o bloqueo de fondos que una persona mantiene en una o más cuentas bancarias, por orden expresa de un tribunal de justicia.
Aclarando los embargos bancarios
No son una decisión unilateral del banco ni del acreedor; son el resultado de un procedimiento legal regulado por el derecho civil chileno y solo puede ejecutarse cuando existe una resolución judicial que así lo autoriza.
Esta medida aparece cuando un acreedor solicita al juez asegurar el pago de una obligación. Para ello, debe acreditar que la deuda es real, vigente, exigible y que no ha sido pagada.
Si el tribunal estima que existen antecedentes suficientes, autoriza el embargo y ordena a la entidad financiera inmovilizar los fondos hasta un monto determinado. El banco, en este escenario, actúa únicamente como ejecutor de la orden judicial.
Es una medida cautelar
Su finalidad no es castigar al deudor, es evitar que los recursos desaparezcan antes de que el conflicto se resuelva. Por esta razón, puede decretarse incluso antes de una sentencia definitiva, especialmente en casos como pensiones de alimentos, deudas comerciales o créditos impagos.
Una vez ejecutado el embargo, el deudor no queda indefenso. La ley reconoce derechos claros. Es posible informarse del origen de la medida, revisar si se ajusta a la normativa vigente y ejercer defensas, como oponerse, solicitar rebajas o acreditar la inembargabilidad de ciertos fondos, cuando corresponda.
Enfrentar embargos bancarios sin asesoría puede agravar el problema. Cada caso tiene particularidades legales que deben analizarse con cuidado.
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