En teoría, la Ley de Quiebras (Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación) busca dar una segunda oportunidad. Promete un camino ordenado para cerrar o reestructurar empresas insolventes. Pero en la práctica, su aplicación deja heridas profundas.

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¿Cuáles son las desventajas de la Ley de Quiebras?

Dos de sus efectos más duros afectan directamente a quienes más necesitan una salida justa: los pequeños empresarios y las familias endeudadas.

Estigma social y financiero

Declararse en quiebra, aunque sea legal y legítimo, se percibe como un fracaso. Las empresas pierden su reputación frente a bancos y proveedores. Las personas quedan marcadas como “riesgo crediticio”.

Es un castigo silencioso. Nadie lo dice, pero todos lo saben: quien se declara en liquidación queda fuera del sistema financiero por años. La supuesta “segunda oportunidad” se convierte, en realidad, en una puerta cerrada.

Pérdida total de control

Cuando un deudor entra en liquidación, un liquidador toma el mando. Él decide qué vender, cómo y a qué precio. Los bienes se rematan, muchas veces, por debajo de su valor real. El deudor observa cómo su patrimonio desaparece mientras los acreedores cobran.

No hay espacio para negociar, ni para defender el esfuerzo de años. La ley está diseñada para pagar, no para proteger.

Ambas desventajas revelan una contradicción

Chile promueve las pequeñas y medianas empresas, pero castiga con dureza el fracaso. La Ley de Quiebras, en lugar de reconstruir, destruye. Y aunque la Ley 20.720 quiso modernizar el sistema, la realidad sigue siendo la misma: quien cae, no se levanta fácil.

Las dos grandes desventajas de la Ley de Quiebras en Chile

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