La evasión fiscal ha sido, por años, una piedra en el zapato para el Estado. Cada peso que no entra a las arcas fiscales por culpa de quienes evitan pagar impuestos, es un peso que falta para salud, educación o pensiones. Por eso, la Ley Antievasión no surge como una idea cualquiera, es una respuesta directa a un problema estructural.

Su objetivo es mejorar la recaudación y frenar la informalidad.

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La antievasión como lema principal de la ley

Esta normativa, también conocida como Ley de Cumplimiento Tributario, se diseñó para atacar el corazón del problema. Uno de sus pilares es la obligación de reportar información financiera a las autoridades tributarias. Esto permite al Servicio de Impuestos Internos cruzar datos, identificar inconsistencias y actuar con mayor precisión. Así, se reduce el espacio para la evasión y la elusión.

Otro punto central es la colaboración de las instituciones financieras. La ley les exige entregar información sobre cuentas y transacciones sospechosas, esto refuerza la fiscalización y eleva el costo de evadir. Ya no es tan fácil ocultar ingresos o mover dinero sin dejar huella.

Además, se busca sacar a la luz a quienes operan en la economía informal. Muchos negocios funcionan sin boletas, sin facturas, sin cumplir ninguna norma. La ley pretende integrar a estos actores al sistema formal, fomentando la competencia justa y mejorando la transparencia.

¿Por qué se hizo la Ley Antievasión?

En resumen, esta normativa no solo se hizo para castigar. También busca ordenar, educar y fortalecer el sistema tributario. Su finalidad es permitir que el Estado tenga más recursos, no por subir impuestos, sino por cobrarlos bien. Una medida necesaria en tiempos donde cada peso cuenta.

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